Luego del reclamo presentado en octubre del año pasado ante el Concejo Deliberante por el proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva que contempla el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene, los productores agropecuarios se volvieron a reunir en asamblea para “rechazar categóricamente la creación de nuevos tributos” como así también la posibilidad de que “la Tasa Vial Agraria (para el arreglo de caminos rurales) sea calculada en base a valuaciones fiscales o Ingresos Brutos” argumentando que “debe ser calculada en base al costo real del servicio recibido en contraprestación”.
Unos 70 productores nucleados en ARPAE y ARLuSAn se convocaron con el apoyo de la Sociedad de Fomento de Cañada de Arias para analizar “las graves consecuencias para el sector rural de las ordenanzas fiscales e impositivas 2021 y el proyecto 2022 en evaluación por el Concejo Deliberante”.
En tal sentido, manifestaron “no ser objeto de tasas como las de Servicios Generales, Habilitación, Seguridad e Higiene, etc. que son tasas que nada tienen que ver con la producción del campo”.
Por último, acordaron “mantener el diálogo con los diversos sectores del poder ejecutivo y legislativo para elaborar un proyecto de ordenanza lógico y razonable”. Y advirtieron: “en caso de que fuera necesario, se recurrirá a la Justicia Ordinaria para ampararse ante las intimaciones por el pago de tributos que bajo ningún concepto legal son aplicables al Sector Rural”.